La negociación del Convenio Colectivo de Empleados de Fincas Urbanas de la Comunidad de Madrid atraviesa una nueva situación que está retrasando el inicio de las negociaciones.

Para entender cómo hemos llegado hasta aquí, es necesario aclarar qué ocurrió en el proceso anterior. La mesa negociadora que dio lugar al convenio anterior debía incluir a las organizaciones sindicales que tenían legitimidad para participar en ella. Para incorporarse a aquella negociación existían dos vías: ser convocado por las organizaciones que promovían y constituían la mesa o solicitar participar acreditando la representatividad correspondiente.

SPCV utilizó esta segunda vía y, una vez acreditada nuestra representatividad, participó en la negociación y firmó el convenio.

En el caso de Solidaridad, no se produjo ninguna de esas dos circunstancias: no fue convocada por las organizaciones que constituían la mesa —CCOO, UGT y CEIM— ni solicitó su participación en aquel momento. Posteriormente a la firma, la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo puso de manifiesto que Solidaridad debía haber formado parte de aquella negociación. Esta circunstancia ha obligado a replantear la composición de la mesa y a iniciar nuevamente el proceso negociador.

La situación actual es diferente. Ahora las organizaciones sindicales deben ponerse de acuerdo sobre la representatividad que corresponde a cada una en la nueva mesa. Solidaridad y UGT mantienen interpretaciones jurídicas diferentes sobre cómo debe determinarse esa representatividad, una discrepancia que todavía no se ha resuelto.

Estas diferencias ya están teniendo consecuencias prácticas. La primera reunión, prevista inicialmente para el 15 de octubre, se ha cancelado. En la reunión del día 1 fijamos una segunda reunión de negociación para el día 22 de octubre y ahora pasa a ser la primera.
Antes incluso de comenzar a negociar las condiciones laborales, las discrepancias sobre la composición de la mesa ya están provocando nuevos retrasos.

Desde SPCV mantenemos nuestra independencia y seguiremos defendiendo nuestros propios planteamientos, sin subordinarnos a los intereses de ninguna otra organización. Nuestro objetivo continúa siendo el mismo: trabajar para mejorar las condiciones laborales y la calidad de vida de los trabajadores de fincas urbanas de la Comunidad de Madrid.

Entendemos que las cuestiones legales y de representatividad deben resolverse correctamente. Pero también consideramos fundamental hacerlo con la mayor agilidad posible. Los trabajadores llevan demasiado tiempo esperando avances y no deberían seguir soportando las consecuencias de unas discrepancias que están retrasando el comienzo de la negociación.

SPCV seguirá trabajando con independencia, responsabilidad y compromiso con el sector, defendiendo que esta nueva etapa sirva para conseguir mejoras reales en los salarios, los derechos y las condiciones de trabajo.